GIEI determina que hubo graves violaciones de los DDHH, masacres y ejecuciones extrajudiciales en Bolivia

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El GIEI presentó el informe sobre los hechos ocurridos el 2019 en Bolivia, determinó que hubo graves violaciones a los DDHH y que hubo masacres en Sacaba y Senkata.

PRINCIPALES HALLAZGOS:

  1. Entre el 1ro. de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 se perpetraron masacres, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, actos de racismo y graves violaciones de los Derechos Humanos en Bolivia.
  2. Al menos 38 personas perdieron la vida por las masacres y hechos de violencia en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.
  3. La Policía y las Fuerzas Armadas, de forma separada o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia; dejaron desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas e incumplieron su rol constitucional.
  4. El Decreto Supremo 4078 fue promulgado para eximir de responsabilidad penal al personal de las FF.AA.

El gobierno de la expresidenta, Jeanine Áñez, aprobó el 16 de noviembre de 2019 el Decreto Supremo 4078, que exime a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad penal. «El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o Estado de necesidad», dice el artículo 3 del decreto.

El 19 de noviembre, ocurrió la masacre de Senkata donde 10 personas murieron y un centenar resultaron heridos. El D.S. dio vía libre a la Policía y Fuerzas Armadas a acribillar a la población y al incremento de la violencia y la violación de los derechos humanos.
El D.S. fue derogado por el gobierno de facto el 28 de noviembre de 2019, una vez pasadas las masacres, porque ya había cumplido su objetivo de dar impunidad a los ejecutores de dichas masacres.

  1. La masacre de Senkata con 10 víctimas fatales y 78 heridos de bala, fue justificada por el gobierno de facto con la versión de que los manifestantes pretendían quemar la planta de gas en El Alto. La investigación demostró que no se encontraron evidencias que respalden esta teoría, no se halló material explosivo en el área, las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por las protestas.
  2. Se han comprobado ejecuciones sumarias en las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal.
    El informe de la GIEI confirma que las autopsias de los diez fallecidos en Sacaba reportan lesiones vitales causadas o compatibles con proyectil de arma de fuego. Algunos hallazgos relevantes son que las lesiones son todas en el abdomen, tórax y cabeza. Siete de las víctimas presentaban orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego, lo que es indicativo de disparos con rifles y munición de alta velocidad.

El GIEI constató que en la masacre de Senkata las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas, no solamente en la avenida 6 de marzo y en el área directamente aledaña a la planta de YPFB, sino también en los alrededores.

Algunas autopsias realizadas identificaron que las lesiones sufridas por las víctimas fatales fueron producidas por cartuchos de 9 mm, un arma utilizada por policías y militares.

  1. Se constataron casos de violencia sexual y violencia en razón de género, mujeres aprehendidas fueron sometidas a manoseos de carácter sexual y vejaciones por parte de agentes policiales, se las obligó a desnudarse y fueron brutalmente golpeadas. Se identificó también violencia obstétrica.
  2. Se constataron hechos de tortura y vejámenes psicológicos y racistas cometidos por agentes policiales en contra de detenidos, en su mayoría jóvenes e indígenas.
  3. En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana.
  4. Algunas aprehensiones indican discriminación racial, con la humillación de los detenidos debido a sus rasgos fenotípicos asociados al origen indígena.
  5. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados.
  6. También las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y en momentos trascendentes pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales.
  7. Los hechos de discriminación racial se manifestaron en mayor medida en las acciones conjuntas de militares y policías. La represión y el uso de lenguaje racista y antiindígena se dirigió exclusivamente en contra de la población movilizada que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata. En efecto, la gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecían a ese segmento poblacional.
  8. Se constataron tratos discriminatorios en servicios de atención médica para varios heridos de bala que acudieron para recibir socorro y muchos optaron por no recurrir a los hospitales y centros públicos.
  9. Grupos de choque (RJC y UJC) protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la Policía. Asumieron tareas “parapoliciales” durante el motín policial.
  10. Se vulneró sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia, se detuvieron, procesaron y encarcelaron a personas por publicaciones en redes sociales, por prestar auxilio a otras, por brindar asistencia médica, por su vestimenta, apariencia o rasgos faciales.
  11. El uso de la Biblia y la religión durante los cabildos de los comités cívicos jugaron un papel relevante para justificar la causa divina de su movimiento contra Evo Morales y fomentar una idea antiindigenista.
  12. Policía y Fuerzas Armadas asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos. Durante los días del conflicto, la Policía Boliviana no fue capaz de resguardar el ejercicio pleno del derecho a la protesta ni cumplió adecuadamente con su deber de evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público.
  13. Se vulneraron los derechos de periodistas que fueron identificados como “afines” al gobierno depuesto, acusados de ser “masistas”.

La investigación del GIEI confirma la opinión unánime que entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019, se registraron numerosos casos de agresión verbal y física a periodistas, entre ellas a Adriana Mendoza, de la cadena Gigavisión; Adair Pinto, que recibió amenazas de muerte de un policía; Carlos Cornejo, que fue detenido el 16 de diciembre en El Alto acusado de sedición e instigación a delinquir. A la lista también se suma la detención del periodista argentino, Facundo Morales.

  1. Ruptura del orden constitucional (Interpretación):

El informe señala claramente que no había quórum en el senado cuando Añez se proclamó presidenta del Senado, más adelante, también sin el quórum requerido en la Asamblea Legislativa Plurinacional repetiría la acción y Añez también se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional.

Lo que confirma, aquello que denunciamos, el quiebre del orden constitucional establecido por la Ley, pues se vulneró la CPE, los reglamentos de la asamblea legislativa y de la cámara de Senadores.

Tampoco se tiene evidencia de que hubiese sido posesionada y menos prestado juramento ante autoridad alguna, lo cual ratifica la ilegitimidad de su autoproclamación.